Con la finalidad de establecer si el Gobierno entregó la totalidad de tierras saneadas para la explotación de la mitad del yacimiento de hierro en el cerro Mutún y verificar si se honró el contrato de riesgo compartido, el diputado Felipe Dorado plantea un pliego de interpelación al ministro de Minería, José Pimentel.
Asegurando que 764 se encuentran en litigio en el Tribunal Agrario, el pliego de 33 consultas pregunta si la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) cumplió la cláusula 24 que en sus incisos 3 y 4, que especifican el compromiso de la estatal sobre los terrenos que le transfirió la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El área del contrato de riesgo compartido, suscrito entre ESM y Jindal Steel Bolivia (JSB), tiene una extensión de 5.537 hectáreas. De ese total en 1.376 “debe construirse la planta siderúrgica”.
El pliego interpelatorio pregunta al Ministro de Minería si ESM “ha cumplido” sus compromisos de la cláusula 24, respecto a que “el área del contrato no tenía ninguna limitación, reclamo ni demanda y que el área sería pacíficamente utilizada” por JSB. También interroga si el 26 de abril del 2009, el 11 de mayo o el 4 de junio del mismo año, además de si el 9 de marzo o el 9 de mayo del 2010 ¿debe considerarse como la entrega formal (de las tierras) para los trabajos?
También menciona que mediante la Escritura Pública Número 313/2009, del 4 de junio del año pasado, la ESM se comprometió a “cumplir todos los requisitos legales para modificar el área del contrato en el plazo de 60 días”. En ese documento se recurrió al artículo 34 del Código de Minería “para evitar el papeleo de tramitar una ley”, señala.
Se debe recordar que la cláusula 43.1 del Contrato de Riesgo Compartido, especifica que “queda expresamente convenido que el Contrato contiene todos los acuerdos, estipulaciones y previsiones convenidas por las Partes Contratantes y ninguna de ellas está obligada ni comprometida con la otra por cualquier declaración, promesa o acuerdo verbal o escrito, que no estuviera incorporado y/o anexado al contrato”.
La interpelación pregunta si “los precios comprometidos” ¿están “libres de gravamen, están completamente saneados y están disponibles para el proyecto?”. Agregando que Jindal “sostiene que el total del terreno comprometido para el proyecto, se encuentra en conflictos jurídicos”.
El argumento para la afirmación de la socia hindú es que “en septiembre de 2009, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, acusó al ex presidente de la ESM, Guillermo Dalence, de irregularidades en la adquisición de las áreas”. En ese marco pregunta: “¿la existencia de este proceso penal, en qué medida vicia la evicción y saneamiento que debe otorgar el Estado boliviano?.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 08/06/2010
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