Luego de la inspección por los alrededores del Illimani, ¿qué resultados han podido obtener?Hicimos una valoración en un radio de 7 kilómetros del nevado y pudimos establecer que existen 40 titulares. De estos, 18 son concesiones que vienen desde la época del Código Barrientos. 5 fueron otorgados en contrato por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y hay 17 solicitudes de contratos que no han sido entregados. Esto viene a partir de 2009.
¿Y qué acciones tomaron?Vimos que de esta totalidad de contratos, la que tiene una actividad productiva es una cooperativa aurífera, 25 de Agosto, que cumple con todas las normativas ambientales. Por otro lado, ya hemos iniciado un proceso de verificación y reversión porque existen dos concesiones a empresas. La primera es Las Nieves, de Comanol, que no tiene ninguna actividad productiva y donde ya existió verificación de la actividad.
Nuestros viceministerios van a presentar un informe. Por otro lado, existe una concesión particular, Unificada Urania, de la empresa Mururata Invesment Group SA, que explota wolfram en pocas cantidades, por comunarios que viven a 2 km del socavón. Esta viene desde antes del 2000.
Entonces, ¿se aplicarán las reversiones?Estamos en condiciones de expresar que va a haber reversión de las dos empresas. Son unas 50 cuadrículas que no tendrán más actividad productiva.
¿Y qué pasa con los derechos preconstituidos?
Se respetan. Pero por encima de estos derechos, está el interés nacional.
¿Hay actividades clandestinas en el Illimani?
En toda el área del Illimani no hay ingenios. Pero la actividad clandestina en minería existe en todo el país, no es un tema exclusivo de un lugar. Sin embargo, estamos en fase de la readecuación de contratos donde vamos a verificar quiénes son titulares y quiénes están teniendo esta actividad. Conjuntamente, con las instituciones públicas, haremos el cierre.
En ese contexto de adecuación, ¿cuánto durará la investigación de las minas que tienen que ser revertidas?Eso va a durar. Primero vamos a entrar a una fase de adecuación de contratos, que tiene que ver con que los titulares pasen a contratos administrativos mineros. Quien se tiene que presentar es el titular. Esto va a ser un proceso muy largo porque muchos titulares han vendido o han dejado de existir, pero aun están como titulares porque se paga la patente minera.
¿Eso cuánto va a tardar?
Por lo menos dos años. Se van a respetar las “no reversiones” de aquellos que estén en proceso de adecuación de contratos. Aquellos que no se apersonen para la adecuación de contratos, vamos a entrar a la fase de reversión. Lo que se va a poder verificar primero es cuántos titulares de las áreas mineras están realmente en la actividad productiva y cuántos de ellos han alquilado las concesiones para el beneficio de personas individuales.
¿Qué entidades están trabajando para aplicar estas normativas?
Estamos trabajando la AJAM, junto con Sergeomin (Servicio Geológico Minero) y nuestro ministerio.
Fuente: periódico "El Deber"
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