De 6.0 millones de hectáreas de tierras identificadas y establecidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como predios que no cumplen la función económico social (FES), 4,0 millones se encuentran en el departamento de Santa Cruz, equivalente al 66,6%.
A cuyo efecto, según su director, Jhonny Cordero, se viene desarrollando las nuevas dotaciones a campesinos, indígenas y originarios.
"El INRA ha distribuido alrededor de 2,8 millones de hectáreas, en los departamentos de Pando, Beni Santa Cruz, en favor de 1.000 comunidades nuevas que se han creado y han accedido a la tierra", informó Cordero a El Día.
Bajo un estricto control. En Santa Cruz, los sitios donde se están adjudicando tierra, están en la zona de San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco y Concepción. Son áreas que el INRA ha identificado por falta del cumplimiento de la función económico social (FES).
De acuerdo a ley y la CPE, fundamentó la autoridad del INRA, que esas adjudicaciones son a comunidades indígenas, originario, campesinas. "Estamos identificando esas comunidades para la dotación de tierras, dado que tenemos desde el 2006 a la fecha alrededor de 4.000 solicitudes de personas y comunidades. De ellas hemos atendido a mil comunidades que han cumplido con esos requisitos y que sí necesitan tierra.
Preocupaciones. “Más que el hecho en sí de la disposición de tierras, lo que nos preocupa es la adjudicación arbitraria con que maneja el INRA", señaló Germain Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, al hacer referencia que es una preocupación inquebrantable para los municipios chiquitanos citados por Cordero.
Lo que añade, Caballero, es que el INRA al llevar adelante el plan de dotación de tierras sobrepasa el Plan de Ordenamiento Territorial que tienen los municipios, además sin una mínima consideración de los preceptos constitucionales. "Los municipios lo mínimo que buscamos es que nos hagan conocer qué tipo de dotaciones va a hacer el INRA. Esas dotaciones vienen con una alta carga social y necesidades en atención en salud, educación, servicios básicos. Lo cual recae directamente en nosotros", precisó Caballero".
En ese contexto, para el 15 de febrero de 2017, el Comité de Defensa de la Tierra y Territorio, conformado por los municipios chiquitanos llevará adelante una cumbre para tratar y considerar la problemática.
En contacto con El Día, Robert Cartagena, capitán de la comunidad indígena Tacani I, señaló que esas adjudicaciones están acompañadas de traslado de gente extraña a los habitantes naturales de la zona. "El pueblo Tacana está en dos municipios Rurrenabaque y San Buena Ventura, allí el gobierno viene llevando a cabo una reconversión del uso de la zona para sembrar caña de azúcar para el nuevo ingenio", denunció.
En respuesta a esta situación, Cordero respondió que el INRA no hace traslado de gente y en esa medida todas las dotaciones que se vienen haciendo tanto en Pando, Beni y Santa Cruz, cumplen un riguroso control. “El Estado va a ser riguroso en la investigación, tenemos que saber a quiénes estamos entregando la tierra. Hay muchas personas que se están infiltrando en las comunidades como si no tuvieran tierra o como de si fueran de escasos recursos. Eso no vamos a permitir”, precisó.
Títulos ejecutoriales. El INRA también ha informado que este año, a la fecha, se han emitido 130.000 títulos ejecutoriales, sin embargo, se espera que hasta este fin de año se pueda alcanzar a 145.000 equivalente a 5,2 millones de hectáreas.
Saneamiento
Hay 22,0 millones de hectáreas aún por sanear
Hay 22,0 millones de hectáreas aún por sanear
Contexto. Del total restante de tierras para sanear, 16,0 millones de hectáreas se encuentra en proceso en distintas etapas ya sea en la departamental, en lo nacional para la resolución final, señala el INRA en la información proporcionada a El Día.
Inicios. En tanto otros 6.0 millones de hectáreas se encuentran en la etapa inicial denominada de intervención. Esos predios tienen que ver con los departamentos de La Paz, Potosí y Cochabamba. Este año se concluirá con la intervención a los departamentos de Tarija, Oruro y Chuquisaca.
Rezagada. Según el INRA las propiedades o predios donde se encuentran inmersos en conflictos de límites, la regularización quedará en suspenso hasta que superen cada uno de los municipios o personas, esos problemas. El saneamiento total del INRA ya supera más de dos décadas.
Fuente: periódico "El Día"
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