Protesta de más de 3.000 mineros paralizó el centro de urbe paceña

Más de 3.000 trabajadores mineros de Porco llegaron hasta el centro paceño para demandar a las autoridades del Gobierno la salida de la empresa Sinchi Wayra, filial de la Glencore Internacional, que pretende incrementar de ocho a 10 las horas de trabajo.

Los trabajadores mineros ingresaron a la ciudad en medio del estruendoso ruido de las detonaciones de cachorros de dinamita que provocaron el temor de la población y paralizaron el transporte, causando problemas en el tráfico vehicular.

Guido Mitma, dirigente del sector informó que los trabajadores permanecerán en la Sede de Gobierno hasta lograr una respuesta favorable de parte del Ministerio de Minería.

GARANTÍAS
“Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, debe haber políticas de empleo, el proceso de cambio del que habla el Gobierno no sólo debe ser un discurso, en el tema de avasallamientos debe haber un decreto que reglamente el articulo 30 de la nueva Constitución para evitar estos abusos”, dijo.

Entre tanto, el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, no logró convencer a los mineros sindicalizados y anunció una nueva ronda de negociaciones, que podría prolongarse los siguientes días hasta encontrar una solución al conflicto obrero-patronal.

OCHO HORAS DE TRABAJO
Echazú, convocó este lunes a la Empresa Sinchi Huayra para garantizar las ocho horas de trabajo, por lo que miles de mineros arribaron a la ciudad de La Paz tras una semana de marcha por la carretera que une Oruro y la Sede de Gobierno.

“No estamos en el piso con la cotización (de los minerales), los datos nos muestran que esto no es así por lo que convocamos a la empresa Sinchi Huayra a estar presentes esta tarde y dar soluciones positivas a los mineros”, dijo la autoridad, al asegurar que el Ejecutivo hará respetar el derecho laborales de los trabajadores.

AVASALLAMIENTO
El Gobierno descartó promulgar un Decreto Supremo que frene los avasallamientos en los centros mineros. EL ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú aseguró que con la actual Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa del sector es suficiente para enfrentar el conflicto.

“No es necesario (un decreto) porque hay una techo constitucional y normas legales del sector. El Gobierno nunca estuvo de acuerdo, ya dijimos que las tomas violentas no se van a admitir y van tomarse las medidas correspondientes para restituirlas a los emprendimientos que cuenten con el respaldo legal” aseveró la autoridad gubernamental

Sin embargo, Echazú reconoció que el problema de los avasallamiento es de gran complejidad y tiene componentes de difícil resolución. Explicó que cualquier conflicto debe ser tratado de “manera integral”, pero haciendo cumplir el ordenamiento jurídico.

Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 26/05/2009