La Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desviará los fondos de la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para el pago de salarios de 82 trabajadores contratados a la perforación de pozos petroleros, en contravención del Decreto Supremo 26477.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo De La Fuente señaló que la norma dispone un uso exclusivo porque la recalificación es un asunto de seguridad ciudadana, si no se cumple con esa revisión, la garrafa puede explotar.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo De La Fuente señaló que la norma dispone un uso exclusivo porque la recalificación es un asunto de seguridad ciudadana, si no se cumple con esa revisión, la garrafa puede explotar.
La estatal petrolera, además, responsabilizó a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) de haber emitido el Registro Comercial a YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) incumpliendo requisitos.
La oficina de Comunicación de esta institución informó que la decisión de la Gerencia Nacional fue emitir un informe en las próximas 48 horas sólo a la estatal petrolera y por el momento no comentar la situación.
El lunes, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó de la intención de la estatal de usar 1,6 millones de bolivianos que son del fondo para recalificar (readecuar) garrafas, los que están en el Banco Unión congelados por la investigación que sigue el Ministerio Público sobre la irregular constitución de SIPSA. “Tenemos urgencia de descongelar unos recursos económicos que existen en el banco con la finalidad de cancelar obligaciones principalmente sociales (…), tanto con trabajadores que fueron contratados para la recalificación de garrafas como los que fueron contratados para montar el equipo de perforación en Santa Cruz en el campo Víbora”.
De acuerdo con el artículo 75 del Decreto 26477, del año 2001, la Superintendencia de Hidrocarburos (actual Agencia Nacional de Hidrocarburos) debía fijar un monto “únicamente para la recalificación” durante cinco años, tiempo que en 2006 sería ampliado por el Decreto 29066 en un año más. Estos recursos salen del pago que cada usuario hace de 22,50 bolivianos por cada garrafa de gas licuado.
De cerca de 100 trabajadores que reclamaron sueldos no pagados desde febrero, 82 se encuentran en Santa Cruz, en el campo donde se instaló el taladro PDV-08 que había entregado Venezuela a YPFB para perforar los pozos 34D y 35H y por el que SIPSA tenía un contrato con YPFB- Andina S.A., el que fue anulado el mes pasado. Sólo unos 15 trabajadores estaban en el taller de El Alto en la tarea de recalificar garrafas. El lugar era propiedad de Full Industry S.A. y operó por cuatro meses.
Fuente: periódico "La Prensa" La Paz-Bolivia - 27/05/2009
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