La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) publicó hoy su adhesión "integral" a las acciones de protesta que llevan a cabo desde hace más de un mes indígenas peruanos frente a la explotación de recursos naturales por parte del Gobierno de su país.
En un comunicado firmado por Marlon Santi, presidente de la Conaie, se afirma que los pueblos indígenas peruanos "están en una posición de exigir garantías a sus derechos y, fundamentalmente, al derecho a la consulta previa debida e informada", antes de que el Gobierno realice algún tipo de actividad en sus territorios.
En un comunicado firmado por Marlon Santi, presidente de la Conaie, se afirma que los pueblos indígenas peruanos "están en una posición de exigir garantías a sus derechos y, fundamentalmente, al derecho a la consulta previa debida e informada", antes de que el Gobierno realice algún tipo de actividad en sus territorios.
El texto recuerda que Perú es signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por lo que el Estado peruano "les debe respeto obligatorio" a los derechos mencionados.
La Conaie hace un llamamiento a los representantes de los pueblos indios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) "para que (...) den seguimiento al buen desarrollo de los diálogos" que se anuncian en Perú entre el Gobierno y los pueblos indígenas.
Tras más de un mes de protestas, que incluyeron bloqueos de carreteras, ríos y aeropuertos provinciales, el Gobierno peruano convocó el miércoles pasado una mesa de diálogo, en la que las asociaciones indígenas aceptaron participar.
La Conaie pide a los representantes de la ONU que estén atentos al "tratamiento que se dé a los resultados de los citados diálogos".
También llamó la atención de varios organismos defensores de los Derechos Humanos "para que se adopten medidas oportunas y pertinentes de garantía a la vida y se respeten los derechos de los dirigentes indígenas contra quienes actualmente hay amenazas y denuncias, originadas en la defensa de los derechos de sus pueblos".
"La defensa de la vida, de la naturaleza y de los derechos de las generaciones futuras no puede ser penalizada ni criminalizada", concluyó el texto.
El principal punto de discrepancia entre las comunidades selváticas y el Gobierno peruano radica en el interés del Ejecutivo por promover la explotación petrolera y agrícola, mientras que los grupos indígenas defienden su derecho a decidir sobre las actividades económicas en el territorio que ellos ocupan.
Fuente: periódico "El País" Tarija-Bolivia - 27/05/2009
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