El Estado debe pagar más de 214 millones de bolivianos por pasivos tributarios de Transredes al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), porque el Gobierno aceptó asumir la totalidad de deudas, tanto financieras como ambientales, laborales, comerciales regulatorios y sociales, asegura el presidente del Senado, Oscar Ortiz, al pedir informes escritos a los ministros del Órgano Ejecutivo. Esta deuda ocasionó la retención de fondos de la nacionalizada Transredes, sustituida por YPFB-Transporte, lo que fue instruido por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) a través de la circular SB960-2009. Esta medida fue adoptada por el proceso administrativo en el SIN Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz.
Los pasivos de las nacionalizadas son asumidos por el Estado, así ocurre con Transredes, afirmó el Presidente de la Cámara Alta al asegurar que el Gobierno pagó 48 dólares por acción a Shell Gas y Ashmore, que eran dueñas de la mitad de la transportadora de hidrocarburos, pero sin descontarles esas deudas. Sumando más de 241,15 millones, autorizados por dos decretos en septiembre y octubre del año pasado.
El artículo cuarto de los decretos supremos 29706 y 29726 autorizan al Presidente interino de YPFB “asumir las obligaciones tributarias, financieras y otras erogaciones necesarias para efectivizar el pago de la justa compensación” a las dos socias de TR Holdings, que poseía el 50 por ciento de la capitalizada Transredes.
La detención de fondos fue conocido por el Directorio de YPFB Transporte el 22 de abril, de acuerdo con la comunicación de la transportadora a la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). Sin embargo, ya el 4 de marzo, el SIN comunicó a la nacionalizada que su deuda superaba 214,89 millones de bolivianos.
Esta deuda “se encuentra con sentencias ejecutoriadas”. Precisamente, en marzo, YPFB-Transporte pidió al SIN la reliquidación de la deuda correspondiente a las Resoluciones Determinativas RD34/2003 del 24 de octubre del 2003 y RD299/2005 del 3 de noviembre del 2005.
Al respecto el Senador opositor señala: “Hemos encontrado dos contingencias que ya estaría asumiendo YPFB”, que suman una deuda de 214 millones de bolivianos de Transredes con el SIN “que estaría asumiendo YPFB por este acuerdo”, lo que se suma a los 241,15 millones de dólares que el Estado ya pagó a las dos capitalizadoras de Transredes.
La denuncia del Presidente de la Cámara Alta establece daño económico contra el Estado por asumir los pasivos, puesto que con los decretos 29706 y 29726 liberó a Shell Gas Latin América B.V y a AEI Luxembourg Holdings SRL de la totalidad de sus pasivos.
Además de los 214,89 millones de bolivianos que se debe pagar al SIN hay otros “pasivos que no se pueden medir y que podrían significar un alto costo para el Estado boliviano” como los medioambientales y sociales “que pueden aparecer en años posteriores” con un “costo que puede ser altísimo para el país”, puntualiza Ortiz.
Fuente: periódico "El Nacional" Tarija-Bolivia 07/05/2009
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