El Gobierno anticipó ayer que no acatará los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI), donde radica el caso Quiborax, ni del Arbitraje Ad hoc, donde se ventila la demanda interpuesta por la italiana ETI, porque duda de su imparcialidad.
Así lo hizo conocer la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, al confirmar que este martes el CIADI rechazó la recusación interpuesta por el Estado boliviano contra los tres miembros del tribunal que atienden el caso Quiborax.
La autoridad mencionó que el tribunal, “para no aceptar la recusación, se tomó 90 días y no consideró nuestras argumentaciones legales. En su decisión se limita a decir que Bolivia no ha demostrado la falta de imparcialidad de los tres árbitros”, afirmó.
Sin embargo, recordó que en febrero pasado este tribunal ya invalidó su actuación al “prejuzgar contra el Estado boliviano” cuando ordenó que se suspenda un proceso penal iniciado por la justicia boliviana en contra de ex personeros de Quiborax, filial de la chilena Non Metallic Minerals. “Entonces, si se vulnera nuestra soberanía, ya sabemos que el CIADI siempre fallará en favor de las empresas (extranjeras)”, sostuvo la autoridad.
Quiborax presentó en febrero del 2006 ante el CIADI una demanda por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí). La firma demanda el pago de $us 66 millones por la reversión de sus concesiones mineras.
La autoridad adelantó que una vez reiniciado el arbitraje, es de esperar que se llegue a un laudo arbitral (un fallo). Lo anticipamos, “Bolivia no va a cumplir las decisiones de ese fallo”, afirmó.
En el caso de Euro Telecom International (ETI), ex accionista mayoritaria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Arismendi dijo que en los próximos días se iniciarán “importantes medidas legales” contra la empresa italiana.
Añadió que estas medidas se extenderán a los miembros del “panel” o Arbitraje Ad hoc y que, por decisión de su antecesora, la ex ministra Cecilia Rocabado, lleva adelante este proceso. Con el asesoramiento del estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, ETI pide una compensación de 700 millones de euros y un interés compuesto del 10%, además de honorarios legales y gastos del arbitraje.
Arismendi explicó que el trámite iniciado para la “anulación de los acuerdos” que firmó Rocabado y que no tienen el consentimiento del Estado, también ha sido ignorado. “Con esta decisión nos están obligando a ir a un proceso arbitral sin nuestro consentimiento”, señaló. “Son dos decisiones que ha adoptado el CIADI, que anticipadamente nos muestran que esta instancia nunca actuará en favor de los Estados y siempre favorecerá a los inversionistas”, añadió la ministra.
El director de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Javier López, dijo que la última decisión del “panel Ad hoc ha sido que va a tratar la invalidez de los acuerdos conjuntamente el fondo de la demanda y sería aproximadamente en diciembre”. “Esto es una trampa y el trasfondo es que Bolivia se someta a un proceso que está viciado de nulidad. Al igual que en el caso Quiborax, Bolivia no va a cumplir los fallos”, aseguró.
ETI acudió a un nuevo arbitraje
La ex ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, es investigada por presunta corrupción, negligencia y daños al Estado. Rocabado firmó un acuerdo con ETI y renunció al derecho de objetar al CIADI. El 13 de octubre del 2009, la firma italiana interpuso un nuevo arbitraje contra Bolivia ante un comité Ad hoc de Naciones Unidas.
Cada arbitraje le cuesta al Estado unos $us 4 millones
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, reveló ayer que cada uno de los juicios que enfrenta Bolivia en tribunales internacionales le cuesta al país, en promedio, entre tres y cuatro millones de dólares.
“Esto implica contrataciones que se tienen que hacer, transcripciones, asesoramiento, viajes, representaciones y otros”, detalló la ministra Arismendi.
Bolivia enfrenta actualmente tres demandas de arbitraje. Dos de ellas fueron interpuestas por la minera chilena Quiborax y la petrolera argentina Pan American Energy (PAE) ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. La última es la de ETI ante un comité o “panel Ad hoc”.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 09/07/2010
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