El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) instalará, pese al rechazo del Gobierno, la “Mesa 18” —aunque no sea oficialmente reconocida— en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se celebrará del 20 al 22 de este mes en Tiquipaya, Cochabamba.
Rafael Quispe, principal dirigente del Conamaq, expresó ayer a través de la radio Erbol la solidaridad de ese organismo con la movilización campesina del sudoeste del departamento de Potosí.
Explicó que en esa mesa no sólo se considerará específicamente el tema de la Minera San Cristóbal en la región, sino todos los conflictos socioambientales de todo el mundo.
“Cómo es posible que cuando los campesinos tratamos de ejercer nuestros derechos, cuando tratamos de hacerlos respetar, el Gobierno lance amenazas de intervención”.
Quispe se refirió a las declaraciones efectuadas el sábado por el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quien advirtió de que se hará uso de la fuerza pública para restablecer el orden en la región próxima a San Cristóbal.
Entrevistado por la misma emisora, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, consideró que ese tema debería ser motivo de debate dentro de las mismas mesas de discusión para evitar que el evento sea desacreditado.
La conferencia de los pueblos sobre el cambio climático se inaugurará el próximo martes, razón por la que el Gobierno dispone de menos de 24 horas para desactivar un conflicto producido por la explotación minera.
Mientras tanto, el comité de huelga de las provincias Daniel Campos, Enrique Baldivieso y Nor Lípez ofreció plenas garantías al prefecto potosino, Mario Virreira, y a los ministros de Medio Ambiente y Agua y Minería y Metalurgia para que negocien una solución a sus demandas en el mismo lugar.
Según el diario El Potosí, Clíver Mamani, miembro del comité de huelga, señaló que los primeros hechos suscitados en Avaroa, como la toma de oficinas de la minera San Cristóbal en San Pedro de Quemes y el vuelco de un contenedor metálico sobre las rieles, son hechos de entera responsabilidad del Gobierno.
Ese contenedor evita la circulación de los trenes. Además, se mantiene latente la amenaza de que los campesinos levanten las rieles y durmientes sobre las que circulan los vagones.
Oruro está a la expectativa
Edwin Tórrez, presidente del Bloque Oruro, institución que actualmente cumple las funciones de comité cívico, explicó que a partir de hoy representantes de las instituciones departamentales se reunirán para analizar la estrategia que aplicarán para hacer respetar los derechos regionales sobre el salar de Uyuni.
En contacto con La Prensa, Tórrez mencionó que se convocará a representantes del Instituto Geográfico Militar con la finalidad de que se levanten las cartas cartográficas para determinar la extensión del mar de sal que pertenece a Oruro, y lamentó la posición de descuido y tozudez que expone el prefecto Alberto Luis Aguilar, quien no salió en defensa de los intereses del departamento.
Fuente: periódico "La Prensa" La Paz-Bolivia - 19/04/2010
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