La firma chilena Quiborax demanda ante el CIADI que Bolivia le pague $us 66 millones por la reversión de sus concesiones mineras. El Gobierno considera que el tribunal, al que recusó, actuó de forma parcializada al emitir una recomendación que vulnera la soberanía del país.
En entrevista con La Razón, la ministra de Defesa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, informó que “dentro de sus pretensiones (Quiborax) demanda sumas millonarias”. La empresa, precisó, pide $us 61 millones por daños sufridos debido a la pérdida de sus inversiones y $us 5 millones por daños morales.
“No es un monto real, en su momento se decidirá cuánto valieron sus inversiones”, aseguró la autoridad y añadió que la última palabra al respecto la tiene el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este medio informó el martes que el proceso arbitral está suspendido desde el 7 de abril, cuando el Estado interpuso un recurso de recusación contra el presidente y los dos árbitros del tribunal.
“El tribunal ha sobrepasado sus atribuciones, porque de ninguna manera puede ordenar a Bolivia, menos al Ministerio de Defensa Legal, que deje de aplicar sus leyes internas, lo que corresponde cuando existen indicios de la comisión de hechos delictivos (…). Es un derecho del Estado y también de la empresa someterse a un juez totalmente imparcial y esto no ha sucedido”, dijo Arismendi. Explicó que como parte de las medidas provisionales, el tribunal emitió una “recomendación” en la que pide que el Gobierno paralice los procesos penales iniciados contra los responsables del supuesto fraude en el traspaso de acciones de la empresa Non Metallic a la firma chilena. “Lo hemos tomado como una vulneración a la soberanía, una ofensa como bolivianos el permitir que un tribunal que no tiene ninguna competencia para inmiscuirse en nuestras leyes internas, tenga que ordenarnos aquello”, subrayó.
El director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Javier López, recordó que los procesos judiciales son por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado y en contra de personeros de Quiborax, representantes legales de la firma en el país y ex funcionarios de la ex Superintendencia de Empresas. La causa, agregó, está en la etapa preparatoria para la determinación de medidas cautelares.
La demanda de arbitraje fue presentada en el CIADI el 6 de febrero del 2006, después de que el gobierno de Carlos Mesa revocara —mediante decreto— la concesión otorgada a Non Metallic para la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni. López indicó que ahora es el presidente del Consejo de Administración del CIADI el que debe decidir si acepta o no la recusación del tribunal presentada por Bolivia.
Un titular de prensa frenó pacto
El 7 de septiembre del 2009, el ex ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, informó que se firmaría un acuerdo con Quiborax y que ésta desistiría del arbitraje. Sin embargo, la empresa retomó el proceso el 14 de ese mes. Según la ministra Elizabeth Arismendi, la negociación no prosperó debido a “un comentario demasiado sensible” hecho por la prensa nacional en el sentido de que Chile “dobló las rodillas ante Bolivia por el caso Quiborax”, el cual disgustó a la firma de capitales de ese país.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 15/04/2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario