Los proyectos San Cristóbal, Sinchi Wayra, San Bartolomé y San Vicente serán puestos bajo la lupa. Por ahora se sabe que en 2009 aportaron juntos el 80.1 por ciento del total de regalías cobradas por la Prefectura.
La cumbre cívica social que se desarrollará mañana en Uyuni analizará la suerte que deben correr los megaproyectos mineros debido al cuestionamiento que surgió en relación a los aportes que dejarían al Departamento y los beneficios que se llevan a los países de origen las empresas que los ejecutan.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, confirmó que en la reunión departamental se tiene que analizar la realidad de los proyectos San Cristóbal, Sinchi Wayra, San Bartolomé y San Vicente que son los que generan la mayor parte de la actividad minera del Departamento.
La motivación para tocar ese tema proviene de la movilización de los comunarios de Estación Abaroa que cuestionan la forma de distribución de las regalías mineras y exigen que pague por el uso del agua.
Los dirigentes del movimiento social del sudoeste potosino llamaron la atención del país al señalar que diariamente la japonesa Sumitomo, cuya filial es San Cristóbal, lleva diariamente concentrados de plomo-plaza-zinc que valen millones de dólares mientras que en la zona existe una alarmante pobreza.
Esos megaproyectos estuvieron en su momento en el ojo de la tormenta pues, en el caso de Sinchi Wayra, se cuestiona la venta de la Compañía Minera del Sur (Comsur) por parte del depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a una empresa extranjera.
En su momento se criticó la actividad de San Bartolomé por un supuesto deterioro del Cerro Rico por sus actividades de recojo de carga suelta en la parte alta de dicho yacimiento.
Ahora se cuestiona a San Cristóbal que aparentemente deja una suma irrisoria frente a lo que exporta además de usar 600 litros de agua por segundo sin pagar por ello un solo centavo.
Aires nacionalizadores
La movilización que ya lleva más de dos semanas en Abaroa gatilló la demanda de nacionalizar la empresa Minera San Cristóbal a la que se le acusa por el saqueo de los recursos naturales.
Conforme pasaban los días crecía la demanda de aplicar un nuevo criterio de distribución de las regalías mineras, cobro por el uso de agua subterránea y que se modifique la relación entre el Estado y esa empresa minera.
Actualmente, San Cristóbal sólo paga los impuestos de ley pues trabaja en concesiones privadas logradas al amparo del antiguo Código de Minería que de manos particulares pasaron a Apex Silver Mines y de ella a la empresa Sumitomo.
La antigua y actual Constitución Política del Estado no reconocen el derecho propietario sobre la concesión minera siendo sólo un permiso para su explotación pero en ambos casos se dispuso de esta cual se tratase de un bien propio.
Dirigentes cívicos y sindicales comenzaron a hablar de la necesidad de nacionalizar los megaproyectos mineros con la finalidad de que los beneficios sirvan para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En la agenda de la cumbre también figura el tema del litio pues se pretende establecer los parámetros centrales de lo que será un proyecto de explotación, industrialización y comercialización de ese energético.
No establecerán criterios de distribución de los beneficios ni definirán la sede técnica y administrativa ya que se quiere comenzar la elaboración de un proyecto superando las diferencias que hasta el momento se vinieron manifestando tras la presentación de uno u otro proyecto.
Mega aportes
En 2009, los cuatro proyectos mineros considerados grandes en el Departamento de Potosí aportaron a la Prefectura la suma de 303.535.855 Bolivianos y 53.565.677 a los municipios.
Datos oficiales de la Prefectura dan cuenta que esas cuatro empresas pagaron 303.5 millones de Bolivianos que hacen el 80.1 por ciento de la recaudación lograda por esa entidad ya que cobró Bs 378.805.033 en total que, sumados al aporte municipal, dan un ingreso total general de Bs. 357.101.532.
Con fuente del Ministerio de Minería y Metalurgia, en Comcipo tienen el dato de que en 2009 las empresas potosinas aportaron un total de 62.813.093 Bolivianos.
Con ese aporte, Potosí copa el 76 por ciento del total de tributos mineros que se generan en el país dejando muy por debajo a La Paz y Oruro.
La diferencia entre los 357.101.532 recaudados en Potosí por regalía minera entre la Prefectura y los municipios productores y los 62.813.093 de los que habla el Ministerio de Minería son 294.288.439 Bolivianos de diferencia que quedarían en manos del Estado Plurinacional.
Esa recaudación se explicaría aplicando el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) cuyos recursos entran en una bolsa común y se distribuyen a municipios y universidades por coparticipación tributaria.
Fuente: periódico "El Potosí" Potosí-Bolivia - 22/04/2010
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