La Minera San Cristóbal (MSC), filial de la japonesa Sumitomo, aseguró que en 10 años transcurridos desde el 2000, pagó impuestos por 358 millones de dólares, a un promedio de 35 millones anuales y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de regalías mineras a la Prefectura de Potosí, donde explota concentrados plata, plomo y zinc.
Confirmó también que igual que otros concesionarios, no paga nada por el uso diario de casi 50.000 metros cúbicos de agua fósil que representarían 10.5 millones de dólares anuales, frente a los 3.6 millones que pretende pagar Chile por el uso de las agua subterráneas del Silala.
Explicó que de acuerdo a la legislación boliviana en minería, los concesionarios pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal.
El uso gratuito del agua para las operaciones de la minera significaría ganancias adicionales y pérdidas para el Estado bolivianos de entre 210 y 1.800 millones en los 20 años que tiene previsto desarrollar el proyecto, dependiendo la suma de la cotización internacional de ese recurso, 5 dólares el metro cúbico, o si se aplica la fórmula en negociación para la provisión del agua fósil a Chile.
La firma respondió así a las afirmaciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, quien aseguró que San Cristóbal "saquea" minerales y no paga ni un centavo por los 600 litros de agua por segundo que consume.
Se apoya en la ley
La minera aseguró que sus operaciones en Bolivia están enmarcadas en el Código de Minería vigente en el país desde 1997, y aseguró que cumple "estrictamente" con todas las normas bolivianas, en particular con las leyes de medio ambiente y de aguas.
Explicó que las normas vigentes establecen que los concesionarios mineros pueden usar o aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones y, además, sostuvo que las aguas que emplea en su planta no son aptas para el consumo humano o animal. "Por tanto, el marco legal vigente no exige ni obliga a ningún operador minero a pagar por el uso del recurso agua.
Traspaso
San Cristóbal, que en el 2008 pasó a propiedad de Sumitomo de manos de la estadounidense Apex Silver, explota plata, zinc y plomo en una de las minas más grandes a cielo abierto del país.
La firma detalló que el valor total de los impuestos que generó desde el 2000 hasta marzo de este año asciende a 358 millones de dólares y que sólo en 2009 pagó 38 millones de dólares por concepto de "regalías mineras" (privilegios mineros) a la Prefectura (Gobernación) de Potosí, la región donde se halla el yacimiento que explota la firma.
Fuente: periódico "El Potosí" Potosí-Bolivia - 22/04/2010
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