Incahuasi no es un campo cualquiera, de sus entrañas emana gas natural vital para las exportaciones del país y más para los dos departamentos que disputan su propiedad. Santa Cruz y Chuquisaca, dicen tener derechos plenos sobre sus recursos. El yacimiento está ubicado en los límites de ambas regiones.
Un estudio de YPFB realizado en 2016, dio por sentado que el megacampo está en suelo cruceño y que representa el 40% de sus regalías como zona productora. Pero un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló el estudio y ordenó la retención de los fondos que recibe la región.
Las reacciones no se dejaron esperar en las tierras del oriente boliviano. Ayer el gobernador cruceño, Rubén Costas, en un discurso con matices políticos dijo que “el fallo constituye un ataque directo e intencionado a Santa Cruz, único perjudicado por dicho fallo, al congelar regalías comprometidas para el presente ejercicio”.
“Solo se puede comprender el fallo del Tribunal Constitucional desde una clara intención de perjudicar al departamento de Santa Cruz, de fomentar el enfrentamiento entre regiones y de crear falsas expectativas a la ciudadanía”, agregó la máxima autoridad de la región, rodeado de un grupo de funcionarios públicos.
¿Pero cuánto representa este 40% que dejará de percibir el departamento por Incahuasi?
Costas señala que al menos Bs 30 millones mensuales anualmente Bs 360 millones.
El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos, Herland Soliz, dijo que de momento no se recibió ninguna notificación sobre el fallo del TCP.
En la actualidad, el departamento recibe hasta Bs 70 millones por el pago de regalías como región productora.
El presidente de la Asamblea Departamental, Marco Mejía, señaló que estos recursos equivalen a tendidos eléctricos, hospitales de segundo nivel, caminos, además de proyectos de agua y productivos que no se podrán hacer por el recorte de estos recursos.
“Es una irresponsabilidad, exigimos al Gobierno central y a YPFB que se pronuncien sobre este tema. Buscan confrontar a Santa Cruz y Chuquisaca”, señaló el legislador.
En 2016 un estudio de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants, estableció que este yacimiento está en la jurisdicción de Santa Cruz.
Pero la gobernación de Chuquisaca hizo gestiones legales a escala judicial superiores. Fruto de los reclamos el TCP emitió un fallo suspendiendo el pago de regalías por el campo gasífero. Estos recursos quedaban en custodia mientras se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.
Desde Sucre el secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortez, puso paños fríos ante las reacciones desde Santa Cruz afirmando que hay disposición al diálogo para solucionar el asunto.
Para él este no es un tema entre autoridades, sino un conflicto no resuelto de “hace más de 100 años, nunca se hizo un proceso de demarcación real” de los límites entre las regiones.
Por otro lado, aclaró “que en Chuquisaca no queremos confrontar departamentos, lo que hicimos con el amparo constitucional demostramos la ineficiencia y el mal trabajo realizado por YPFB en su momento”.
“Este amparo nos da la razón, nosotros hicimos conocer esto a YPFB, pero no fuimos escuchados”, añadió, además de garantizar que si un estudio independiente determina que Incahuasi es de Santa Cruz, aceptarán el resultado.
“No haremos presión. La solución es el diálogo: la discusión técnica y jurídica sobre el conflicto. Solo defendemos los intereses del departamento, lo mismo que hacen los cruceños”, afirmó Cortez.
El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos, Herland Soliz, dijo que de momento no se recibió ninguna notificación sobre el fallo del TCP.
En la actualidad, el departamento recibe hasta Bs 70 millones por el pago de regalías como región productora.
El presidente de la Asamblea Departamental, Marco Mejía, señaló que estos recursos equivalen a tendidos eléctricos, hospitales de segundo nivel, caminos, además de proyectos de agua y productivos que no se podrán hacer por el recorte de estos recursos.
“Es una irresponsabilidad, exigimos al Gobierno central y a YPFB que se pronuncien sobre este tema. Buscan confrontar a Santa Cruz y Chuquisaca”, señaló el legislador.
En 2016 un estudio de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants, estableció que este yacimiento está en la jurisdicción de Santa Cruz.
Pero la gobernación de Chuquisaca hizo gestiones legales a escala judicial superiores. Fruto de los reclamos el TCP emitió un fallo suspendiendo el pago de regalías por el campo gasífero. Estos recursos quedaban en custodia mientras se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.
Desde Sucre el secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortez, puso paños fríos ante las reacciones desde Santa Cruz afirmando que hay disposición al diálogo para solucionar el asunto.
Para él este no es un tema entre autoridades, sino un conflicto no resuelto de “hace más de 100 años, nunca se hizo un proceso de demarcación real” de los límites entre las regiones.
Por otro lado, aclaró “que en Chuquisaca no queremos confrontar departamentos, lo que hicimos con el amparo constitucional demostramos la ineficiencia y el mal trabajo realizado por YPFB en su momento”.
“Este amparo nos da la razón, nosotros hicimos conocer esto a YPFB, pero no fuimos escuchados”, añadió, además de garantizar que si un estudio independiente determina que Incahuasi es de Santa Cruz, aceptarán el resultado.
“No haremos presión. La solución es el diálogo: la discusión técnica y jurídica sobre el conflicto. Solo defendemos los intereses del departamento, lo mismo que hacen los cruceños”, afirmó Cortez.
Desde su cuenta de Twitter, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, invitó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas a buscar una conciliación para definir los límites de ambos departamentos. “Los recursos naturales que nos provee la madre naturaleza debe unirnos como pueblos hermanos”, dijo la autoridad en la red social.
Deben ir al TSJ
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, rechazó las acusaciones contra el Gobierno hechas desde Santa Cruz, en especial por la primera autoridad del departamento.
“Deploramos las aseveraciones de que se habría intentado inducir al error sobre los límites entre los departamentos, sin presentar ninguna evidencia que sustente tal falacia”, afirmó.
Para el hombre del gobierno son las gobernaciones las que deben de buscar una conciliación. Pero de no ser factible un acuerdo, dijo que en última instancia ambas regiones deben acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Los tramos no conciliados deben ser argumentados ante esta instancia para su solución”, afirmó la autoridad.
El exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, cuestionó la determinación del TCP de retener las regalías.
“Es una resolución perjudicial para Santa Cruz”, dijo, que siendo un conflicto de límites no era necesario aplicar esta drástica medida.
No percibir estos ingresos en Santa Cruz significa la suspensión de firmas de nuevos proyectos y convenios y priorizar el gasto hasta que proceda como manda la CPE y no un tribunal que busca distraer de los problemas políticos, sociales y económicos que hay en el país, según el asesor de la Gobernación cruceña, José Luis Parada.
“Otra razón sería que el TCP, quiere ayudar a superar la crisis de liquidez y déficit del Tesoro General del Estado”, expresó.
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, rechazó las acusaciones contra el Gobierno hechas desde Santa Cruz, en especial por la primera autoridad del departamento.
“Deploramos las aseveraciones de que se habría intentado inducir al error sobre los límites entre los departamentos, sin presentar ninguna evidencia que sustente tal falacia”, afirmó.
Para el hombre del gobierno son las gobernaciones las que deben de buscar una conciliación. Pero de no ser factible un acuerdo, dijo que en última instancia ambas regiones deben acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Los tramos no conciliados deben ser argumentados ante esta instancia para su solución”, afirmó la autoridad.
El exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, cuestionó la determinación del TCP de retener las regalías.
“Es una resolución perjudicial para Santa Cruz”, dijo, que siendo un conflicto de límites no era necesario aplicar esta drástica medida.
No percibir estos ingresos en Santa Cruz significa la suspensión de firmas de nuevos proyectos y convenios y priorizar el gasto hasta que proceda como manda la CPE y no un tribunal que busca distraer de los problemas políticos, sociales y económicos que hay en el país, según el asesor de la Gobernación cruceña, José Luis Parada.
“Otra razón sería que el TCP, quiere ayudar a superar la crisis de liquidez y déficit del Tesoro General del Estado”, expresó.
Fuente: periódico "El Deber"
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