En 2004, bajo la administración del presidente Carlos Mesa Gisbert, el Estado revirtió a Quiborax la concesión minera en Uyuni, provocando una severa crisis en el negocio.
Si bien las partes intentaron llegar a un acuerdo, las tratativas fracasaron, y por ello la firma nacional demandó en 2006 al Estado Boliviano por 66 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI) para, de ese modo, compensar sus inversiones y los perjuicios sufridos por la pérdida de la concesión.
Quiborax operaba yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual el chileno Alan Fosk era dueño en un 51%. Esta sociedad contaba con depósitos de bórax (insumo para agropecuaria) desde 2001, cuando compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.
El 16 de septiembre de 2015, la CIADI falló a favor de Quiborax, por lo que Bolivia planteó un procedimiento de anulación del fallo.
En su alegato de apertura, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, miembro del equipo, afirmó que “Bolivia es un país responsable y comprometido, que mantiene inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales”.
La Procuraduría señaló que el Estado boliviano presentó su solicitud de anulación ante el CIADI, luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y especialmente del Laudo de 16 de septiembre de 2015 “en el que confirmó serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades por el Tribunal que emitió el Laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo”.
“Las vulneraciones al debido proceso, llevaron a la emisión de un Laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento ¡superior a 12.000 por ciento! Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación”, señaló el procurador durante la defensa.
El ministro de Minería César Navarro, también parte del equipo, al ser consultado sobre la primera ronda de alegatos, afirmó: “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el Laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo. Por esta razón, se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal del CIADI y restablecer el orden de justicia con una demandante que violando la ley, forzó esta demanda”.
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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