La empresa Glencore Finance (Bermuda) interpuso una demanda de arbitraje internacional contra Bolivia y le exige un pago de 675,7 millones de dólares por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio, la mina Colquiri y la apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño.
Esta producción se encontraba almacenada temporalmente y no eran parte del inventario de la fundición ni estaba incluido en el decreto de nacionalización.
En respuesta, la Procuraduría General del Estado explicó ayer que la demanda de Glencore del 15 de agosto de este año se basa en informes periciales arbitrariamente “inflados y de carácter especulativo”.
“Ordene a Bolivia a compensar a Glencore Bermuda por las pérdidas que sufrió como consecuencia de los incumplimientos del tratado y el derecho internacional cometidos por Bolivia por un monto de 675,7 millones de dólares al 15 de agosto de 2017, más intereses devengados hasta el pago a una tasa comercial normal aplicable en Bolivia con capitalización anual”, señala una parte de la demanda de arbitraje.
Se exige por la expropiación de la mina Colquiri una indemnización de 387,7 millones a mayo de 2012; 57,7 millones a febrero de 2007 por la expropiación de Vinto; 1,9 millones de dólares por el valor actual del terreno, edificaciones y mejoras de la fundición de antimonio y 600 mil dólares, que es el valor de la reserva de estaño a abril de 2010.
Según la consultora Compass Lexecon, por el daño ocasionado Bolivia le debe a Glencore 447,7 millones de dólares, sin embargo, éste incluye el pago de intereses por 228 millones de dólares, que en total dan los 675,7 millones.
Agrega que para que Glencore Bermuda reciba la “reparación íntegra” de las pérdidas ocasionadas por Bolivia es necesario que el monto compensatorio incluya los intereses anteriores al laudo devengados desde cada fecha de valuación hasta la fecha del laudo.
El 19 de julio de 2016, la empresa Glencore Finance (Bermuda) entregó la notificación de arbitraje de su subsidiaria Glencore International PLC por la reversión al Estado de los complejos metalúrgicos Vinto-Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero Colquiri. Hasta esa fecha se desconocía el valor de resarcimiento que pretendía.
Mediante un comunicado, la Procuraduría señaló que los 228 millones de dólares que se reclama como intereses están calculados de forma “errónea” e incluye la fundición de antimonio de Vinto como chatarra.
“Mediante nuestra defensa, demostraremos al tribunal arbitral el abuso del derecho por parte de Glencore, empresa que pretende extender indebidamente la protección que los tratados bilaterales ofrecen a inversionistas extranjeros a activos ilícitamente adquiridos por un nacional boliviano, así como la falta de argumentos de la demanda planteada por la suiza Glencore”, precisó el procurador Pablo Menacho.
El próximo 18 de diciembre, la Procuraduría presentará el memorial de respuesta con las objeciones al arbitraje.
La controversia es atendida por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya con arreglo al reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI).
En la demanda, además Glencore exige que se ordene la compensación sin ninguna deducción de impuestos y que Bolivia asuma la totalidad de los costos y gastos del proceso arbitral en curso.
A la fecha Bolivia enfrenta otros cinco arbitrajes
El Estado boliviano hasta 2016 enfrentaba cinco arbitrajes por procesos de nacionalización y reversión de empresas y áreas a favor del Estado.
El primer caso es el laudo interpuesto por British Petroleum por la nacionalización de Air Bp en mayo de 2009 mediante Decreto Supremo 111. La Procuraduría General del Estado logró suspenderla temporalmente por acuerdo de partes.
La otra es Quiborax y Non Metallic, por la revocatoria de sus concesiones mineras mediante Decreto Supremo 27489 de julio de 2004. Actualmente está en suspenso hasta la conclusión del procedimiento de anulación solicitado al CIADI.
También está Abertis Infraestructuras de España, que interpuso una demanda arbitral en la que reclama una indemnización de 85,5 millones de dólares.
La cuarta demanda es la iniciada por South American Silver Limited por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota. La compañía exige 385,7 millones de dólares.
Finalmente está el proceso con Jindal Steel Bolivia por la ejecución de sus boletas de garantía en el Mutún. La compañía presentó por este caso dos demandas arbitrales en noviembre de 2016, según el último informe oficial.
La otras minas
- Negociación A pedido de la Comibol, Glencore Bermuda entabló conversaciones sobre la migración de los contratos existentes a los derechos de la mina Colquiri y otras que manejaba, señala la firma.
- Contrato Mencionó que en 2012, Bolivia exigió que se amplíe la participación del Estado en otros contratos a 55% mediante el riesgo compartido para cada concesión, mientras la negociaciones continuaban.
- Firma En julio de 2013, la minera Illapa, filial de Glencore, anunció que invertirá $us 104 millones en la prospección y explotación de las minas Porco y Bolívar. Se trata de los primeros contratos de asociación suscritos con una participación del 55% para el Estado y 45% para la empresa privada.
Fuente: periódico "Página Siete"
No hay comentarios:
Publicar un comentario